jueves, 6 de septiembre de 2007

COPEI exige al gobierno que decrete estado de emergencia en el Táchira


Caracas, 6 de septiembre de 2007.- Frente a la ola de inseguridad que estamos viviendo, le exigimos al ministro de Relaciones Interiores, Pedro Carreño y al presidente de la República Hugo Chávez, que declare el estado Táchira en emergencia. Así lo manifestó Jonhson Delgado, presidente de COPEI Táchira, en compañía de Pedro Díaz, presidente de la Fundación Una Luz por la Vida, Miguel Chacón, presidente del Concejo Municipal de Ayacucho, estado Táchira y Alexis Balza, dirigente social de la frontera en el Táchira

Delgado lamentó que frente a este grave problema en la región andina, el gobierno no haya adoptado una política de seguridad para resguardar la vida de los venezolanos.

Asimismo también solicitó que se convoque inmediatamente un consejo de seguridad en la región, "para que revise al Ministerio Público del estado Táchira, que se haga una reestructuración en el Poder Judicial, en los distintos cuerpos de seguridad y que organice políticas serias y severas frente a este mal que nos está matando a diario a más de 8 tachirenses en la región".

En otro orden de ideas, el dirigente de la tolda verde señaló que según cifras de Fedenagas, en los últimos 47 años se han incrementado los secuestros en un 100%. Subrayó que desde 1999 hasta la fecha se han registrado 1.796 secuestros en el país; y aseveró que actualmente hay 24 tachirenses en cautiverio.

Destacó que en los últimos siete meses, a pesar de los reiterados anuncios sobre la baja de las cifras de criminalidad en el Táchira y las promesas de las autoridades gubernamentales y policiales, las cifras de ajusticiamientos y muertes por encargo siguen en aumento. En tal sentido refirió que las cifras rojas anunciadas por los diarios regionales alcanzan las 414 muertes violentas.

Delgado se dirigió al primer mandatario nacional para decirle que los tachirenses respaldan las gestiones que está haciendo en Colombia, pero consideró indispensable que se aboque a la situación de los venezolanos.

"Así como está interviniendo en Colombia, que lo haga con sus hermanos, con sus compatriotas, con sus paisanos venezolanos, porque en estos momentos hay 224 secuestros en Venezuela, es a ellos que usted tiene que ayudar".

Recalcó que van a solicitar ayuda de la Iglesia a través del Monseñor Mario Moronta para que intervenga y se logre la liberación de todos los secuestrados en Venezuela.

Por su parte, Pedro Díaz, Presidente de la Fundación Una Luz por la Vida, aseguró que sus dos hijos perdieron la vida por el hecho de que él lucha contra el delito.

Mostró impotencia al ver como los organismos de seguridad no actúan ante tanta impunidad. Y asimismo agregó que son financiadas por el estado. "Vemos con impotencias todos los grupos que se están moviendo en el Táchira, que son las autodefensas unidas de Venezuela, es un grupo guerrillero financiado por el estado. Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional son grupos militares del estado, las Fuerzas Paramilitares de Venezuela, son componentes de grupos militares en el país, las Fuerzas Bolivarianas Francisco de Miranda, (…) se dedican a la extorsión, al cobro de vacuna, secuestros, desapariciones, entre otras actividades ilícitas".

Señaló que estos hechos son conocidos por el ministro Pedro Carreño y el ex ministro Jesse Chacón. "Pedimos que se decrete un estado de emergencia en el Táchira, porque cada día nosotros vemos con temor como se está domesticando el sicariato en el estado".

Por último, Alexis Balza, dirigente social de la frontera en el Táchira, señaló que "es muy triste para los tachirenses y para los venezolanos la actitud de los cuerpos de seguridad del Estado, de los que tienen el deber de cuidar a los tachirenses y a los venezolanos".

Manifestó observar con estupor como los cuerpos de seguridad del estado, frente a la ola de crímenes, sicarios, secuestros, robos, "nunca hacen nada, nunca investigan nada y siempre salen con cualquier argumento".

También exhortó al Presidente y al ministro Carreño, para que haga una revisión a la conducta de los funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía, que se encuentran "en la frontera pendiente de los negocios y el contrabando que de resguardar la seguridad de los venezolanos", concluyó Balza.

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