(23.04.09).- Rafael Contreras Millán, integrante de la Dirección Nacional de COPEI Partido Popular, aseguró que la pérdida de la vigencia de la Carta Magna se produce en el país como consecuencia de decisiones que ha tomado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), principalmente en cuanto al principio de alternabilidad y la descentralización.
Esta aseveración expresada durante su ponencia en el marco del foro organizado por el partido verde denominado “Estado absolutista ó sistema de autonomías regionales y locales”, se sustenta, según el abogado Contreras Millán en una serie de posturas que ha asumido la que debe ser la máxima defensora de la Constitución, que pueden recordarse incluso desde el año 2000. “La Sala Constitucional ha incurrido en errores garrafales desde el punto de vista del derecho, y en consecuencia se está degenerando el sistema hacia una auténtica tiranía”, afirmó el vocero de COPEI.
En su análisis, Contreras Millán también ubica el más reciente caso de la aprobación de la Ley del Distrito Capital, como violación de la Carta Magna por parte de las instituciones. “Está claro que las autoridades deben ser elegidas por el pueblo, aspecto que no se cumple con esta autoridad que se designó, lo cual constituye una usurpación evidente”, dijo, al citar una sentencia del año 2000, en la cual se dejó claro que sería completamente nula cualquier actividad que violente los principios de la Constitución, y que ahora parece no tener validez.
El dirigente copeyano cree que son procedentes los pasos que se han dado en contra de la Ley del Distrito Capital, como la solicitud de su nulidad ante el máximo tribunal del país, a pesar de la inclinación que existe en la institución hacia complacer los designios del sector oficial. “Sin embargo, debemos buscar otros mecanismos de lucha social, específicamente para el caso de la Alcaldía Metropolitana, lograr conseguir los recursos financieros para su supervivencia”, sugirió.
En este punto coincidió el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y actual Presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas, Román Duque Corredor, quien considera que la figura debe asemejarse a la de un dividendo voluntario.
“Con esta ley que llamo anti-Ledezma, se está volviendo a una figura superada en Venezuela, como lo es la creación de la figura de una especie de lugarteniente para Caracas”, explicó Duque Corredor, quien cree que la figura de la autoridad única para el Distrito Capital, es la misma del Gobernador del Distrito Federal, que no ejerce un mandato libre y sólo cuida los intereses del gobierno central.
El notable profesional del derecho dijo que se ha desenmascarado completamente el centralismo autocrático que se impone en el país, “y los ciudadanos tenemos que reclamar la restitución del sistema de gobierno democrático que está plasmado en la Constitución para Caracas, y que encabeza el legítimo Alcalde Metropolitano”.
Virgina Rivero, Vicepresidenta de COPEI, alertó que no sólo con la Ley del Distrito Capital se ha desconocido la voluntad popular, sino además con la ley de reordenamiento territorial redactada por una Asamblea Nacional que sigue las directrices del Presidente de la República, se pretende despojar de sus competencias y recursos a las autoridades electas democráticamente.
Esta aseveración expresada durante su ponencia en el marco del foro organizado por el partido verde denominado “Estado absolutista ó sistema de autonomías regionales y locales”, se sustenta, según el abogado Contreras Millán en una serie de posturas que ha asumido la que debe ser la máxima defensora de la Constitución, que pueden recordarse incluso desde el año 2000. “La Sala Constitucional ha incurrido en errores garrafales desde el punto de vista del derecho, y en consecuencia se está degenerando el sistema hacia una auténtica tiranía”, afirmó el vocero de COPEI.
En su análisis, Contreras Millán también ubica el más reciente caso de la aprobación de la Ley del Distrito Capital, como violación de la Carta Magna por parte de las instituciones. “Está claro que las autoridades deben ser elegidas por el pueblo, aspecto que no se cumple con esta autoridad que se designó, lo cual constituye una usurpación evidente”, dijo, al citar una sentencia del año 2000, en la cual se dejó claro que sería completamente nula cualquier actividad que violente los principios de la Constitución, y que ahora parece no tener validez.
El dirigente copeyano cree que son procedentes los pasos que se han dado en contra de la Ley del Distrito Capital, como la solicitud de su nulidad ante el máximo tribunal del país, a pesar de la inclinación que existe en la institución hacia complacer los designios del sector oficial. “Sin embargo, debemos buscar otros mecanismos de lucha social, específicamente para el caso de la Alcaldía Metropolitana, lograr conseguir los recursos financieros para su supervivencia”, sugirió.
En este punto coincidió el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y actual Presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas, Román Duque Corredor, quien considera que la figura debe asemejarse a la de un dividendo voluntario.
“Con esta ley que llamo anti-Ledezma, se está volviendo a una figura superada en Venezuela, como lo es la creación de la figura de una especie de lugarteniente para Caracas”, explicó Duque Corredor, quien cree que la figura de la autoridad única para el Distrito Capital, es la misma del Gobernador del Distrito Federal, que no ejerce un mandato libre y sólo cuida los intereses del gobierno central.
El notable profesional del derecho dijo que se ha desenmascarado completamente el centralismo autocrático que se impone en el país, “y los ciudadanos tenemos que reclamar la restitución del sistema de gobierno democrático que está plasmado en la Constitución para Caracas, y que encabeza el legítimo Alcalde Metropolitano”.
Virgina Rivero, Vicepresidenta de COPEI, alertó que no sólo con la Ley del Distrito Capital se ha desconocido la voluntad popular, sino además con la ley de reordenamiento territorial redactada por una Asamblea Nacional que sigue las directrices del Presidente de la República, se pretende despojar de sus competencias y recursos a las autoridades electas democráticamente.
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