Caracas, 1º de diciembre de 2007.- Roberto Enríquez, miembro de la Dirección Política Nacional de COPEI Partido Popular, solicitó ante la Fiscalía General de la República, una medida de urgencia para la protección de los medios de comunicación y los periodistas que cubrirán la información durante el proceso refrendario.“Estamos solicitando una medida de urgencia de carácter preventivo de protección a los medios de comunicación, para que durante la jornada electoral, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo asignen un Fiscal y un defensor especial y medidas de seguridad para garantizar la protección de los medios de comunicación para el día de las elecciones y el día lunes, luego del proceso electoral”.
En nombre de la organización política que representa manifestó que tienen suficientes elementos de juicios para creer que los medios de comunicación están bajo amenazas. “Tenemos suficientes elementos de juicio para creer que pueden haber factores interesados en impedir que fluya la información el día de mañana (domingo) y el día siguiente del proceso electoral”.
Tal aseveración la argumentó en base a expresiones de personeros del gobierno observadas en los últimos días. “Expresiones del Presidente de la República, de la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, de la diputada Iris Varela, de la Federación Bolivariana de Estudiantes, donde han amenazado en reiteradas ocasiones con tomar determinados medios de comunicación”.
Por tal razón es que solicitó a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo que garanticen el libre acceso a los medios de comunicación, periodistas y técnicos para que puedan trabajar estos días en paz y pueda fluir la información. “El derecho a la libre información es del pueblo y nadie puede restringírselo. Tenemos el derecho de estar debidamente informado durante el proceso, el escrutinio y después cuando se hagan los anuncios oficiales de los resultados del referendo”, apuntó Enríquez.
Por último recalcó que el Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo serán los que tienen que responderle al país si no actúan con la debida urgencia del caso. “El emplazamiento es que actúen bajo un mandato constitucional, bajo un mandato legal, nosotros estamos apelando al artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal y creemos que deberían ser diligentes para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes, para garantizar la seguridad de la información y para garantizar que los periodistas puedan trabajar tranquilos, y no sentirse en peligro por el simple hecho de trasmitir la información”.
El dirigente de la tolda verde entregó el documento a la Fiscal auxiliar 56 con competencia Nacional, Mayerlín Escobar, quien le señaló que el caso será trasladado a la Fiscalía Superior.
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